¿Es la Pena de Muerte la solución a la problemática salvadoreña o solo una medida populista?

La pena de muerte es un crimen de estado, un crimen vulgar y sucio,  muestra de un estado impotente para encontrar una solución real a problemas coyunturales en su sociedad. La pena de muerte al ser implantada tampoco saciará la sed de sangre de aquellos que se alimentan del dolor y de la desgracia ajena.

La pena de muerte no mejorará los índices de seguridad en El Salvador, ni los ha mejorado en ningún país.

Es curioso notar que en países como Canadá, por ejemplo, donde abolieron la pena capital, el índice de homicidios por 100.000 habitantes descendió del nivel máximo del 3,09 alcanzado en 1975, año anterior a la abolición de la pena de muerte para el delito de asesinato, al 2,41 en 1980, y desde entonces ha descendido aún más. En 2006, 30 años después de la abolición de la pena capital, el índice de homicidios era del 1,85 por 100.000 habitantes, un 40 por ciento inferior al de 1975, y el segundo más bajo en tres décadas.. Fuente: Amnistía Internacional.

La criminalidad en El Salvador es el efecto de años y años de desigualdad social, años y años de explotación inhumana de nuestros congéneres por unos pocos inescrupulosos que hoy por hoy, y como siempre están protegidos detrás de murallas y guardaespaldas; además del sistema económico – social – político que los protege; bien por ellos.

Pero el común de la gente, el salvadoreño que tiene que salir a trabajar en microbús, en bus o caminar por las calles de El Salvador, o mandar a sus hijos a la escuela en los "micro" para ellos está mal la cosa, pues pueden morir asesinados por la falta de una peseta o de una cora para darle a los malvivientes y haraganes su cuota de “seguridad”.

Esta seguridad es responsabilidad del estado salvadoreño proporcionarla, para eso se pagan impuestos, para eso se pagan servidores públicos, comenzando por el presidente de la república, ahora Don Mauricio Funes.

En El Salvador se necesita aplicar la justicia, se necesita mejorar la calidad de las instituciones judiciales, policíacas y de investigación, no con más armas, ni con más agresividad, sino con salarios justos, con un sistema penal que cumpla con su cometido, y con severos castigos a aquellos servidores que no hacen su trabajo, por el motivo que sea. El Salvador necesita mejorar su inversión social en educación, salud, capacitación laboral y la generación de un clima de inversión sano y seguro, esto entre muchas cosas más.

Si bien es cierto que hay que castigar a los malvivientes, criminales y dementes, la pena de muerte no es la solución. La solución es mucho más compleja. Al buscar la pena de muerte para los criminales salvadoreños, solo se está siendo populista e irresponsable.  Esto sin contar a la innumerable cantidad de inocentes que serían "castigados" por el eficiente sistema judicial.

El sistema penal salvadoreño no es justo y equitativo, pues hace una mezcla de delincuentes en las cárceles que para lo único que sirven estas, las cárceles, es para fomentar maestrías en crimen. Algunos de los criminales salvadoreños gozan de privilegios, privilegios que no deberían tener, visitas, comunicación con el mundo exterior, alimentación gratuita y más.

Aquí no se trata de derechos humanos, se trata de proteger a los humanos, a la mayoría de los que viven en El Salvador. El sistema penal salvadoreño debería contemplar penas duras, trabajo forzado comunitario en carreteras, puentes y más. Cadenas y grilletes, trabajo para aquellos que nunca han trabajado y solo se lucran del esfuerzo de los demás a punta de pistola o cuchillo.

Todos los presos salvadoreños, sin excepción, deberían generar los ingresos suficientes para pagar su alimentación y las instalaciones donde son resguardados, además de pagar por los servicios de seguridad que requieren.

Pero eso solo se podrá alcanzar con voluntad, no política, sino humana.